Ley de Urgente Consideración
El Monitor de Opinión Pública presenta información de seguimiento de la opinión pública, incluyendo información de actitudes relativas a fenómenos políticos y a temáticas sociales de interés para la población uruguaya.
La información brinda insumos para comprender el contexto social en que se desarrolla el ejercicio del gobierno, la política nacional y la vida social de los uruguayos.
Resultados
Análisis
Antes de la llegada del COVID-19 al país, La Ley de Urgente Consideración (un proyecto de 502 artículos sobre una diversidad de temáticas) constituía la principal iniciativa gubernamental para el primer semestre de gobierno. Si bien la pandemia postergó su tratamiento parlamentario, el gobierno mantuvo a dicho paquete legislativo como prioridad y su discusión comenzó formalmente a finales de abril pasado en la Cámara de Senadores. En los primeros días de mayo, nuestra encuesta online de opinión pública relevó el posicionamiento de los uruguayos en torno a dicha iniciativa.
En primer lugar, consultamos a la ciudadanía por su parecer sobre la LUC en términos generales. Se observa una pareja división (podría decirse un “empate técnico”) entre quienes aprueban y desaprueban dicha iniciativa de gobierno (42% vs 43% respectivamente). Principalmente, el apoyo o rechazo a la LUC depende de las identidades bloquistas: solo 5% del electorado frentista o cercano al FA (votantes de Martínez en segunda vuelta) aprueba la LUC y a la inversa únicamente un 5% de los electores multicolores (sufragantes por Lacalle Pou en el balotaje) la desaprueba. Interesantemente, mientras diversas medidas implementadas por el gobierno en torno a la pandemia recogen un amplio consenso ciudadano, al considerarse la LUC aparecen en toda su dimensión las diferencias entre los dos grandes bloques identitarios que estructuran la política uruguaya.
También consultamos a la ciudadanía en torno al “timing” deseable de discusión de la ley, aspecto que fuera debatido previo a su presentación ante el parlamento, con la dirigencia oficialista apoyando su consideración inmediata y la dirigencia frentista solicitando su postergación a raíz de la pandemia. Aquí también aparece nuevamente una marcada división, con un 47% que aprueba su tratamiento y votación (como mínimo de sus principales artículos) desde mayo a junio frente a un 45% que considera necesaria su postergación. Previsiblemente, las opiniones sobre la consideración inmediata versus la postergación de la LUC se hallan fuertemente condicionadas por el apoyo o rechazo a dicha iniciativa: sólo un 5% de quienes sintonizan con la LUC respaldan su postergación contra un 89% de quienes la desaprueban.
Siendo la LUC un amplio paquete de medidas que incluye dimensiones tan diversas como la educación, la seguridad, las relaciones laborales o los marcos normativos en las empresas del Estado, decidimos también relevar la opinión sobre tres medidas específicas planteadas por el proyecto. Estas propuestas han sido debatidas públicamente entre oposición y oficialismo (existiendo también algunos matices al interior de la coalición multicolor) y resultan de fácil comprensión para el público general.
En primer lugar, el artículo 50 del proyecto de la LUC propone modificar el artículo 43 de la Ley 18.315, habilitando a la policía, cuando lo entienda necesario, a verificar la identidad de las personas mediante solicitud de documentación apropiada. En el marco legal actual, la solicitud policial de identificación está habilitada bajo algunas condiciones (por ejemplo, en el marco de procedimientos para la detención de personas requeridas por el sistema judicial). Nuestros datos marcan que esta modificación es respaldada contundentemente por la ciudadanía: 80% está de acuerdo en “habilitar a la policía a solicitar cédula de identidad a las personas en la vía pública cuando lo estime conveniente”. Si bien los frentistas se oponen en su gran mayoría a la LUC en términos generales, esta medida cuenta con el apoyo de un 62% de dicho electorado, llegando en tanto al 98% entre los votantes multicolores.
Dado que el capítulo sobre seguridad es uno de los más extensos de la LUC, incluimos en nuestra consulta la opinión sobre otra propuesta en la materia: el derecho de porte de armas por parte policías o militares retirados (artículos 64 y 115). Sobre el derecho de los militares, esta disposición fue incluida a posteriori de la elaboración del segundo borrador tras solicitud de Cabildo Abierto. En esta dimensión, la desaprobación supera por 8 puntos a la aprobación, 52% a 44%. Hay nuevamente una fuerte segmentación por bloques, con un 77% de votantes multicolores que la aprueban y 86% de frentistas que la desaprueban. Sin embargo, también aparecen matices importantes al interior de los votantes multicolores: 93% de los electores por Cabildo Abierto aprueban la medida, frente a un 74% de los votantes del PN y un 59% de los votantes colorados. La mayor desaprobación entre los colorados se condice con el pronunciamiento reticente en torno a este artículo por parte del Canciller Ernesto Talvi, mientras que el particular apoyo a la medida crece en el partido de la coalición con mayor proporción relativa de votantes vinculados a la institucionalidad militar.
Finalmente, preguntamos a la ciudadanía sobre su parecer en torno a la propuesta de la LUC de eliminación del derecho de ocupación de las empresas como parte del derecho de huelga. Este tema viene siendo discutido no sólo por el sistema político desde el período electoral sino que también ha sido motivo de fuerte debate entre representantes de organizaciones sindicales y empresariales. La modificación planteada por la LUC se encuentra prevista en el artículo 398 del proyecto, cuyo texto sostiene que “El Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”. Nuestra encuesta arroja una muy alta paridad en las posiciones favorables y contrarias (47% y 48% respectivamente), paridad explicada una vez más por el fuerte influjo de las identidades bloquistas. Mientras entre los votantes multicolores la eliminación del derecho de ocupación de empresas cuenta con el apoyo de un 83%, entre los frentistas la adherencia se reduce a un 13%. En esta dimensión, son bastante homogéneas las opiniones al interior de los votantes multicolores: 84% de los cabildeantes, 80% de los nacionalistas y 78% de los colorados apoyan esta medida.
En suma, el posicionamiento ciudadano ante la LUC en términos generales refleja la pareja división del electorado entre frentistas y multicolores. Asimismo, la postura a favor o en contra hacia la LUC se asocia muy fuertemente con el apoyo o rechazo al tratamiento legislativo inmediato versus su postergación. Por último, al evaluarse medidas específicas propuestas por la LUC aparecen niveles muy diferenciales de apoyo a las mismas, lo que refleja que detrás de las actitudes generales hacia dicho paquete legislativo se esconden importantes matices tanto por bloques como por partidos según la dimensión considerada. Por ejemplo, hay un contundente apoyo hacia mayores potestades policiales en la solicitud de identificación a la ciudadanía pero una mayoría relativa de ciudadanos opuestos al porte de armas por parte de militares o policías retirados, con importantes diferencias dentro de los votantes multicolores. En tanto, la propuesta de eliminar el derecho de ocupación de empresas refleja con claridad la diferenciación entre frentistas y multicolores y una ciudadanía dividida en partes similares. La creciente prevalencia de la discusión de la LUC en la agenda pública (en detrimento de la temática del COVID-19) podría impactar a la baja en los niveles de aprobación de gobierno (especialmente a través de una reducción del apoyo al gobierno por parte del electorado frentista), en la medida que constituye un área de debate público estructurada según las dos grandes identidades políticas del país.
Ficha metodológica
La información presentada proviene de una encuesta en redes sociales a 1851 personas mayores de 18 años residentes en todo el país. La medición fue realizada entre el 2/5/2020 y el 3/5/2020 sobre la base de avisos en Facebook e Instagram. Los resultados se encuentran ponderados por sexo, edad, nivel educativo, región, y voto anterior del encuestado. Debido a los componentes no aleatorios de la encuesta, no es posible estimar márgenes de error estadísticos. La encuesta fue contratada por Montecarlo Televisión.
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